SOLER: ‘EL CONSELL Y LA FVMP UNIMOS ESFUERZOS PARA QUE EL MINISTERIO ALIVIE A LOS AYUNTAMIENTOS EL PAGO DE 70 MILLONES POR LAS SENTENCIAS’

7 marzo, 2018 Noticias
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El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, han firmado una petición conjunta dirigida al Gobierno central para solicitar que amplíe el plazo de amortización de los préstamos solicitados por los ayuntamientos con el fin de hacer frente a las obligaciones derivadas de sentencias judiciales.

El objetivo de este acuerdo es aliviar la carga financiera de las entidades locales y facilitar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales que prestan. 
La difícil situación financiera que padecen algunos ayuntamientos les impide concertar, debido al régimen general de endeudamiento, una operación de préstamo para poder cumplir con lo que ordena la sentencia, y se ven obligados a acudir al Fondo de Financiación a Entidades Locales (FFEL), que contempla la formalización de préstamos para hacer frente a sentencias judiciales firmes.

En concreto, el Fondo de Financiación a Entidades Locales del Ministerio de Hacienda ha asignado a los municipios de la Comunitat Valenciana 125 millones euros (13% del total) en préstamos para la devolución de las obligaciones como consecuencia de sentencias. De este importe, los municpios de la Comunitat han dispuesto 71 millones euros aproximadamente (un 57%).

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha afirmado que “la devolución a 10 años de más de 70 millones de euros están asfixiando en muchos casos a las arcas municipales”. Además ha asegurado que “una ampliación sustancial del período de amortización podría garantizar la sostenibilidad financiera de muchas entidades y el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos esenciales”.
Cabe recordar que Soler y Alfaro mantuvieron una reunión previa, la semana pasada, en la que el presidente de la FVMP ya expuso la difícil situación financiera que viven algunos ayuntamientos por las obligaciones económicas que tienen como consecuencia de sentencias judiciales firmes. Tras la conversación de ambos hoy se ha materializado el acuerdo.